Compromiso como constituyente antes las Fuerzas Armadas y de Orden

Daniela Aldoney, candidata a la Convención Constituyente por la lista Independientes por la Nueva Constitución del Distrito 6, abordó las modificaciones que deben realizarse en torno a la orgánica, funcionamiento y objetivos por los cuales se desempeñan las Fuerzas Armadas y de Orden.

En este sentido, se sumó a la iniciativa colectiva que circula entre candidaturas en torno ala temática, que apuntan a una serie de elementos que deben ser resguardados para brindar garantías constitucionales al desarrollo cotidiano entre la población y militares. “Lo más importante es poner en el centro que las FF.AA y de Orden sean garantes de la constitución, subordinadas al poder civil y con irrestricto respeto por los Derechos Humanos y protección al medio ambiente”

A continuación, el detalle del compromiso:

1.- Conformar unas FF.AA. y de Orden 100% profesionales, garantes y comprometidas con su mandato constitucional y su subordinación al poder civil, con el irrestricto respeto por los DD.HH. y la protección del medio ambiente.

2.- Establecer los criterios mínimos de capacidad, probidad y condiciones personales físicas y psíquicas, para conformar un cuerpo armado que cautele la Paz Social y territorial.

3.- Elaborar instrumentos de selección e ingreso único, a la escuela matriz de FF.AA. cómo también a las de Orden y Seguridad, que detecte la pertinencia de los seleccionados para una vida de servicio público ddestinada al mejoramiento de la calidad de vida de la población, sin distinción alguna. 

4.- Conformar una “Comisión Civil por la Paz” de expertos en seguridad, con hombres y mujeres intachables en su conducta ética. Con obras concretas por la Paz y la sana convivencia. Quiénes en definitiva decidirán el curso a seguir, siempre apegado al irrestricto respeto a los Derechos Humanos.

5.- Incorporar normas para establecer condiciones éticas y normativas, que permitan rechazar al Presidente de la República asesorado por la “Comisión Civil por la Paz” el nombramiento o ascenso institucional del personal cuestionado jurídica o éticamente en sus labores en cada uno de los cuerpos de las FF.AA. y de orden.

6.- Elaboración de mallas curriculares que consideren como prioridad la formación en Derechos Humanos con contenidos teóricos y prácticos, sobre el respeto irrestricto a los DD.HH. y dignidad de los detenidos. Asegurando a través de un comité de académicos y expertos en el tema de seguridad y relaciones cívico-militares, para que quiénes actúen como agentes del estado se apeguen fielmente a lo establecido por la ley.  

7.- Ante una amenaza genuinamente detectada, que ponga en peligro a las personas en primer lugar y en segundo lugar sus bienes materiales, como también el respeto al territorio debidamente aceptado por las cortes internacionales, los altos mandos de las FF.AA. propondrán al presidente de la República y a la “Comisión Civil por la Paz” estrategias de intervención que, en último término, sea la confrontación armada. Comisión que en definitiva decidirán el curso a seguir siempre apegado al irrestricto respeto a los Derechos Humanos y a las convenciones suscritas por Chile en el contexto internacional.

8.- Terminar con la doctrina de la obediencia ciega a toda orden superior (en especial aquellas que resulten en delito, o degraden la dignidad de la persona) estableciendo procedimientos claros y efectivos, para salvaguardar los derechos del ciudadano militar. Más, la Subordinación total de las FFAA, a la autoridad civil democráticamente elegida en las urnas.

9.- Parte de los estudios y de las prácticas militares, deberán realizarse en escuelas y universidades “civiles regulares”, que acerquen al aspirante al estamento militar y a la ciudadanía, terminando con el hermetismo de la “familia militar” existente.

10.- Actualizar el Código de Justicia Militar de acuerdo con los requerimientos del siglo XXI, para descartar todos los delitos que no sean específicamente militares. Con la colaboración absoluta por parte de las policías y las demás instituciones armadas en los procesos judiciales llevadas por el ministerio público que involucren a funcionarios del Estado. 

11.- Los recursos considerables que la nación destina a las fuerzas armadas, materiales e intelectuales podrán ser utilizados en parte, en tareas de desarrollo del país. Con un mecanismo de financiamiento permanente que permita ejercer el mandato constitucional de las fuerzas armadas y de Orden y Seguridad. Siempre y cuando garanticen mecanismos para orientarlos debidamente, en salvaguardar nuestros Recursos Naturales.

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