Migración y Constitución

La crisis migratoria vivida en el norte de Chile, las imágenes de los “overoles blancos” esposados en el aeropuerto y las dificultades que tienen los migrantes de acceder a la vacuna contra el COVID-19 son algunas de las dramáticas situaciones que muchos migrantes han experimentado en Chile.

Las personas migrantes y sus familias se ven expuestos a más vulnerabilidad y vulneración de sus derechos cotidianamente. Por ejemplo, si bien los datos de CASEN 2017 muestran que la  población migrante tiene más estudios que la población chilena[1], la pobreza es más alta entre los migrantes que entre los nacidos en Chile. Para la población migrante la pobreza por ingreso es de 10,8% y para los chilenos de 8,5% ; esta diferencia se amplia cuando se examina la pobreza multidimensional[2] (24,6% vs 20,5%). Alrededor del 18% de personas migrantes reportan no tener ningún tipo de previsión formal de salud, comparado con menos de un 2% de los nacionales.

¿Cómo se puede (debe) abordar esta problemática en la nueva Constitución?

Primero, es importante considerar que en la actual constitución no existe un derecho de los migrantes o a la migración. Más aun, la constitución actual no reconoce a los extranjeros como ciudadanos a pesar de que puedan llevar en Chile 20 o más años y sus hijos sean chilenos. Esto es un reflejo de cómo se entiende a las personas extranjeras. La constitución chilena marca la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, lo cual permite marginar a los/as inmigrantes de los procesos de toma de decisiones de nuestro país.

“En el marco jurídico actual, los derechos políticos de las personas extranjeras residentes en Chile se limitan al derecho de sufragio activo (derecho a elegir sus representantes políticos), pero están prácticamente excluidas del derecho de sufragio pasivo (derecho a presentarse a un proceso electoral y a ser elegido)” explica la académica de la Facultad de Derecho, Rita Lages. Esto establece un criterio de desigualdad política interna contradictorio con la democracia.

Los y las migrantes que obtienen la nacionalidad comienzan a ser visibles para el Estado. Sin embargo, mientras “regularizan” su situación en Chile no cuentan con un RUT- y por esto no pueden acceder a derechos básicos como salud o vivienda. Tampoco se pueden inscribir en el Registro Civil o en el Registro Social de Hogares y pierden el acceso a beneficios como la asignación familiar. La ausencia de esta temática en la constitución y la débil política migratoria existente permite y hasta justifica, en ciertos casos, acciones discriminatorias y expresiones xenófobas hacia inmigrantes. Los ejemplos citados al inicio de este documento son una representación de este punto.

La situación de muchos migrantes en Chile va contra el principio de igualdad y no discriminación convirtiéndose en ciudadanos de segunda categoría. Este es un debate pendiente y que el proceso constituyente debe abordar.

Especial cuidado se debe poner en los niños, niñas y adolescentes. Si no creamos una Constitución que los incluya y proteja debidamente podrán nuevamente volver las voces que propusieron en la nueva Ley de Migraciones la implementación de un plan de retorno asistido para menores de edad que ingresen al país de forma irregular (rechazado por el Tribunal Constitucional).

Otro aspecto de cuidado es el artículo 16 del proyecto que indica que para acceder a servicios de seguridad social o beneficios fiscales las personas migrantes deben acreditar residencia por 24 meses ¿qué pasa durante ese tiempo con niños y niñas? Se ha generado medidas transitorias – como llamado Identificador Provisorio Escolar (IPE) para niño/as que no tienen carné de identidad. Pero estas medidas no resuelven el tema de base.  Si realmente creemos y luchamos para que los derechos de los niños y niñas sean una prioridad, no podemos dejar espacio para prácticas en que quedan relegados a una “estatus inferior”.

Como último punto, creo que no debemos olvidar a los chilenas y chilenos – como mis padres – que tuvieron que buscar refugio en otros países tras el golpe de Estado. Muchos países abrieron sus puertas y los recibieron ofreciéndoles la vida digna y segura que no podían tener en Chile en ese momento y por varios años.

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[1] en promedio 13,2 años de escolaridad, por encima de los 11,1 años promedio de los nacidos en Chile.

[2] la pobreza multidimensional no solo considera la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades (como lo hace la pobreza por ingreso), sino también incluye carencias en las dimensiones de educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general.

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